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Han pasado seis meses desde aquel viernes negro que aterrorizó a París y al mundo. Desde entonces la "excepcionalidad" ha marcado la vida de los ciudadanos aquí en Francia: el estado de excepción se ha convertido en una rutina que se prolongará durante este verano. Algunas organizaciones ya están recogiendo firmas para impedirlo.
La misma noche de los atentados de París del 13 de noviembre de 2015, millones de franceses escucharon por televisión las trágicas palabras de Hollande y las primeras medidas que aquel viernes negro con 130 víctimas mortales iba a desencadenar.
Pocos días después, el 26 de noviembre, el estado de excepción fue decretado por tres meses. La consigna por parte del gobierno del tándem Hollande-Valls era clara y repetida en cada discurso: "Francia está en guerra".
En febrero y con los mismos argumentos, el estado de excepción, que permite a las autoridades realizar registros y aplicar la asignación de residencia sin previo mandamiento judicial, fue ampliado otros tres meses hasta finales de este mes de mayo, pero ya hace unas semanas, el Consejo de Ministros dijo sentirse incitado a prolongar la excepcionalidad durante los eventos deportivos que marcarán los meses de junio y julio: el Tour de Francia y, sobre todo, la Eurocopa de fútbol.
Pese a que en sede parlamentaria las medidas antiterroristas suelen contar con una abrumadora mayoría en su aprobación, desde la sociedad civil, hay voces discordantes como la de Amnistía Internacional, que pide a los diputados que se opongan, al no ser que el gobierno justifique plenamente su uso.
El Gobierno prevé para la Eurocopa 2,5 millones de espectadores en los 51 partidos de fútbol previstos. Desplegará más efectivos, ha prometido, para garantizar la seguridad.
Por el momento, seis meses después de los atentados, la policía ha realizado casi 4.000 registros administrativos y se han requisado más de 750 armas. Del total de registros, algo más del 10% ha terminado en un procedimiento judicial, lo cual para Amnistía Internacional es un signo preocupante.
Por su parte, el Ministerio del Interior asegura que tales medidas han facilitado abortar varios atentados. El último de ellos fue el que presuntamente preparaba Reda Kriket, un hombre relacionado con los atentados de Bruselas y los de París, detenido en marzo pasado tras encontrar la policía un importante arsenal en un apartamento que había alquilado meses antes en la capital francesa.
"Se trata de una herramienta excepcional por un tiempo determinado y sin que comprometa el ejercicio de las libertades públicas", justificaba el propio presidente Hollande la puesta en marcha del estado de excepción. Pese a ello, también hay voces dentro de la política que cuestionan tanto tiempo de excepción, como el diputado ecologista Noël Mamère.
La otra gran polémica surgida a partir del estado de excepción es la de la asignación de residencia, mediante la cual la policía mantiene a sospechosos bajo estrecha vigilancia en un lugar determinado por el Ministerio del Interior. Unas 70 personas estarían a día de hoy en Francia bajo esa especie de arresto domiciliario que obliga a estar localizable doce horas al día.
El estado de excepción tiene además consecuencias para la expresión ciudadana y, por ejemplo, desembocó durante la Cumbre del Clima de París en diciembre pasado en la prohibición de las marchas convocadas por los ecologistas. El debate no está terminado.
Entrevistados: Dominique Curis, encargada de Libertad de expresión y Seguridad ciudadana en Amnistía Internacional, y Noël Mamère, diputado ecologista.
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