Presidente de la Corte IDH: ‘Hay una visión apocalíptica de que nuestras sentencias no se cumplen’

Aunque hay negligencia de parte de algunos Estados latinoamericanos, no existe uno solo que no cumpla ninguna de las reparaciones dispuestas por la Corte, afirma el presidente de la Corte Interamericana de derechos Humanos (Corte IDH), Ricardo Pérez Manrique. El juez uruguayo destaca la voluntad del actual gobierno colombiano por cumplir con las sentencias emitidas por el Alto Tribunal contra ese Estado.

“América Latina sigue siendo escenario de graves violaciones a los derechos humanos derivados de conflictos armados, dictaduras y otras circunstancias propias de la región más desigual del planeta”, lamenta el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez Ricardo Pérez Manrique, en entrevista exclusiva con RFI.

RFI: América Latina entra en un periodo electoral en Colombia, Ecuador, Argentina y Venezuela, países que atraviesan por una crisis social, política y, obviamente, por una grave situación económica.

¿Cómo está el continente en materia de justicia relativa a los crímenes contra los derechos humanos y cuáles son esos desafíos de la región para superar el drama por el atraviesan los derechos humanos en muchos países, entre ellos los países que acabo de mencionar?

Ricardo Pérez Manrique: América Latina es y ha sido escenario, lamentablemente, de graves violaciones a los derechos humanos derivados de situaciones de conflicto armado, de dictaduras y de una cantidad de circunstancias de la región más desigual del planeta. Los distintos países han optado por fórmulas diferentes de atender esa situación de violación de derechos humanos.

Algunos han logrado un juicio y finalmente una condena a los principales responsables, como en el caso de Argentina. En otros se dejó en manos de la justicia común estos crímenes. Y, finalmente, hay países que avanzan en una fórmula novedosa, como en el caso de Colombia, con la creación a partir de los acuerdos de paz de esta Justicia Especial para la Paz (JEP).

Entonces, la realidad no es homogénea. Lo que sí podemos decir es que sigue habiendo muchos crímenes aún no esclarecidos. La Corte IDH sigue recibiendo permanentemente casos de personas desaparecidas en distintas circunstancias, más allá inclusive de un conflicto armado y más como forma de represión a la oposición. Es decir, el caso de La Unión Patriótica en Colombia es emblemático. También como producto de fenómenos de la vida urbana, se nos planteó un caso sobre eventuales desapariciones forzadas en el marco de una acción de grupos llamados escuadrones de la muerte en favelas de Río de Janeiro.

RFI: ¿Qué obstáculos existen para que los Estados no cumplan las sentencias de la Corte?

Ricardo Pérez Manrique: En primer lugar, hay una visión un poco apocalíptica de que las sentencias de la Corte no se cumplen. Pero las sentencias de la Corte son complejas, cada sentencia impone a los Estados una serie de medidas de reparación. No hay ningún Estado en la región que no cumpla ninguna de las reparaciones dispuestas por la Corte.

Y hay casos de difícil cumplimiento, inclusive para los Estados que llevan tiempo, por ejemplo, con la ubicación de personas desaparecidas y, a partir de allí, con la ubicación de los responsables.

Indudablemente, también hay un tema muy trascendental de voluntad política. Existen unos gobiernos que son más proclives a cumplir, aún aquellas medidas que son de más difícil cumplimiento. Hay otros con una actitud, más que de reticencia, yo diría de negligencia y falta de empeño en el cumplimiento de las decisiones de la Corte.

RFI: Y cuáles son esos países “buenos alumnos” que cumplen con mayor facilidad las sentencias de la Corte.

Ricardo Pérez Manrique: A veces, con los cambios de gobierno, empieza a haber una sucesión de cumplimiento de sentencias. Por ejemplo, en este momento en Colombia hay una actitud de reconocimiento, de actos de responsabilidad de los órganos del Estado frente a las víctimas que estaban en algunas sentencias de hace muchos años. Se están cumpliendo y altas autoridades públicas, en nombre del Estado, asumen su responsabilidad frente a las víctimas por las graves violaciones a los derechos humanos.

Este es un caso de en el que hay una buena actitud de cumplimiento.

Después hay algo que queda invisibilizado y es lo que tiene que ver con las soluciones amistosas. Es decir, planteada una denuncia, la Comisión Interamericana de DDHH la emite y se llega a un proceso de solución amistosa por el cual el Estado reconoce los derechos que ha violado y asume una forma de reparación.

Lógicamente, todos quisiéramos un mayor nivel de cumplimiento. Pero, como todas las cosas en nuestra región, esto tiene claroscuros, avances y retrocesos.

RFI: Usted cita el caso colombiano como el resultado de un cambio de actitud de un nuevo gobierno frente al cumplimiento de las sentencias.  Eso lo hace pensar a uno que hay un número de sentencias de la Corte que Colombia no ha cumplido. ¿Hay una lista, se sabe cuáles son los casos?

Ricardo Pérez Manrique: Sí. Hay una lista de casos que están en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencias. Son más de 20. Bastante antiguos, otros más recientes. Y hay que admitir la complejidad de estos casos que tienen que ver con ejecuciones extrajudiciales, con desapariciones forzadas, con desplazamientos de comunidades, con asesinatos y violencia contra periodistas, por ejemplo.

En los últimos 70 u 80 años, en Colombia ha habido una situación de conflicto armado interno y de fuerte dificultad para obtener la paz. El último intento fue con los tratados de paz que están en proceso. Eso ha llevado a que Colombia tenga una cantidad de condenas. También debo destacar que desde que la Corte IDH realiza visitas fuera de su sede. Colombia es el país que más veces ha invitado a la Corte. Esta es la sexta vez que estamos sesionando aquí.

RFI: Justamente ustedes están cerrando la sesión número 162, en la que el Alto Tribunal Internacional preside audiencias públicas en tres casos contra los Estados de Chile, Guatemala y Brasil. La primera se refiere al caso del pueblo mapuche contra el Estado chileno. En entrevista con RFI, el consejero de este pueblo originario, Alihuen Antileo, quien además representa a su pueblo en el Consejo Constitucional chileno encargado de redactar la nueva Constitución del país, se mostró preocupado por dicho proyecto constitucional porque en el nuevo texto la jurisdicción internacional estaría restringida. En consecuencia, no necesariamente se van a tomar en cuenta las interpretaciones que hacen tribunales internacionales como el que usted preside sobre la aplicación de la jurisprudencia. ¿Podría la Corte intervenir en la redacción de leyes constitucionales o no?

Ricardo Pérez Manrique: No. Primero porque se trata de un proceso constitucional que está en trámite en Chile y que va a tener que pasar por una decisión popular a través de un plebiscito. Segundo, porque no podríamos intervenir de manera preventiva en el proceso de redacción de la nueva Constitución.

Hay solo un caso en la historia de la Corte, vinculado con Chile y la existencia de la censura previa en la Constitución chilena. Se llama La última tentación de Cristo y fue un caso muy importante y comentado.

La Constitución chilena permitía la censura previa y la Corte determinó que, de acuerdo a la Convención Americana, la censura previa en ningún caso es admitida y Chile modificó su Constitución para quitarla.

Entonces, si hay una Constitución que se enfrenta con los principios de la Convención Americana, la Corte se lo señala a los Estados. Esto siempre y cuando ocurra en el marco de un litigio internacional en el cual lo que se cuestiona es justamente si la Constitución del país está de acuerdo o no con los compromisos internacionales que ha asumido el Estado.

RFI: La Corte Interamericana de Derechos Humanos también estudia la responsabilidad del Estado de Guatemala por las supuestas violaciones que tuvieron lugar como consecuencia de la detención en abril de 1989, de cuatro personas, su posterior desaparición forzada y la impunidad en el que se encontrarían las investigaciones. En la Guatemala de hoy las oenegés denuncian el aumento de las agresiones y de la criminalización de operadores de justicia, de defensores de derechos humanos, de periodistas, de activistas. La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgen al Gobierno guatemalteco a que respete el derecho ciudadano expresado en las urnas y el orden constitucional. ¿Qué contempla la Corte IDH sobre la realidad de este país hoy?

Ricardo Pérez Manrique: Hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado numerosas medidas provisionales. Por ejemplo, respecto de la necesaria preservación de la independencia judicial frente a la persecución de jueces y fiscales, que llevan casos de graves violaciones a los derechos humanos, y por ello han tenido que marchar al exilio.

Recientemente actuó en el caso Molina Teysen, frente a una decisión de la Corte IDH que ponía una moratoria a la eventualidad liberar a personas sometidas a procesos o cumpliendo prisión preventiva por graves violaciones a los derechos humanos. Esas personas, pese a la decisión de la Corte, fueron liberadas.

La Corte decidió entonces que el gobierno de Guatemala había incurrido en una grave violación de sus decisiones y dispuso comunicar a la Asamblea de la OEA este incumplimiento.

RFI: Su última audiencia se refiere a un caso en favelas de Brasil. ¿En este caso también se estaría responsabilizando al Estado brasileño?

Ricardo Pérez Manrique: El caso que nosotros vimos es el secuestro y desaparición forzada de 11 personas, siete de ellos menores de edad, en una favela de Río de Janeiro y, posteriormente, el homicidio de la madre de una de las personas desaparecidas y de su prima porque estaba realizando averiguaciones para determinar dónde estaba su hijo.

Un dato a destacar es que las víctimas, que son familiares de estas personas desaparecidas, aún hoy en el año 2023, siguieron manifestando fuerte temor por las represalias que pudieran surgir a raíz de sus declaraciones ante nuestro tribunal.

Esto ocurrió en los años 90. Lamentablemente los casos nos llegan con bastante retraso. No era en la época de la dictadura. Lo que hicimos el pasado 12 y 13 de octubre fue una audiencia de pruebas y alegatos. Ahora la Corte tendrá que decidir si el planteo que nos hacen las víctimas está acreditado o no.

RFI: ¿Cómo ve usted los tribunales que surgen de procesos de conciliación, de diálogos nacionales, de procesos de paz, de final de una guerra, estos tribunales que nacen de la justicia transicional?

Ricardo Pérez Manrique: Cada país, cada sociedad, tiene el derecho de buscar las salidas adecuadas para situaciones de graves violaciones a los derechos humanos o de afectación del orden democrático y del Estado de Derecho. Esto siempre y cuando se ajusten a los parámetros de los derechos humanos. En este caso, la Corte IDH ha señalado que no son válidas las leyes de autoamnistía y que debe priorizarse la averiguación de la verdad como un elemento central.