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	Podcast:		El invitado de RFI
	Episode:		'Vamos a hacer una depuración de los títulos mineros', afirma a RFI ministra de Minas de Colombia
	Category:		News & Politics
	Duration:		00:12:50
	Publish Date:		2023-05-02 14:41:47
	Description:		Filósofa, geógrafa, activista, ambientalista, experta en despojo tóxico, extractivismo, racismo y violencia ambiental, Irene Vélez busca transformar la política minero-energética de Colombia. Su gestión genera escozor en algunos sectores. Radio Francia Internacional habló con ella de la descarbonización y sus consecuencias, la justicia ambiental y la nueva legislación minera. RFI: El presidente Gustavo Petro la eligió a usted como la titular de la cartera de minas y energía del primer gobierno de izquierda de Colombia. Su perfil no se ajusta al que tradicionalmente han tenido sus antecesores, quienes, por lo general, eran economistas. Irene Vélez: Así es. Y de hecho el 90% fueron hombres y, seguramente, la mayoría han sido mayores de 40 años, que es mi edad. Entonces, sí es una innovación en la manera de hacer gobierno y una decisión política de tener una aproximación interdisciplinaria y ambientalista en una cartera donde generalmente se han generado los conflictos ambientales. RFI: Hablemos de esa cartera que ha generado pánico en varios sectores. Voces de la oposición y economistas se oponen a la salida de los combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, bajo el argumento del aporte que estos dos combustibles hacen a la economía nacional. ¿Cómo asegurar una transición energética tranquila? ¿Cuáles son los tiempos y el marco en que se da esta propuesta? Nosotros estamos interesados en que nuestra matriz eléctrica sea más verde, que nuestro parque automotor migre también a tecnologías más sustentables y menos contaminantes, que las industrias tengan una mejor eficiencia energética. Pero estamos también sujetándonos a lo que creemos que es una lucha no solo legítima, sino urgente, contra la crisis climática. Y en ese sentido, entendemos que va a haber una descarbonización global de la economía. Eso significa, en nuestro caso y en una perspectiva del sur global, diversificar y depender cada vez menos de ese modelo extractivista de carbón y de petróleo. RFI: La propuesta de descarbonización que abandera su gobierno, parece nadar contra la corriente de los tiempos. La guerra en Ucrania implicó un retorno al carbón y países como Alemania, por ejemplo, pidieron a Colombia que aumentara sus exportaciones de carbón. ¿Cómo conjugar esa política de transición energética con una exigencia global que además le aporta a la economía nacional? Ha habido dos momentos. Uno, justo después de la guerra, que llevó a un nuevo boom, sobre todo del consumo del carbón y del gas. Y eso tenía mucho que ver también con la venida del invierno europeo. Ahí, efectivamente, Alemania tocó las puertas del Gobierno para asegurar suficiente abastecimiento. Sin embargo, eso ha venido cambiando porque lo que terminó sucediendo es que Europa también decidió acelerar su propia transición energética, o sea, depender cada vez menos de energéticos que vienen de Rusia o de Colombia, particularmente, el carbón que nosotros exportamos. Somos dependientes del carbón para generar las regalías nacionales y cada vez hay menos apetito internacional sobre ese energético y eso va a seguirse intensificando una vez se logre que el hidrógeno verde cierre comercialmente. Yo creo que eso va a pasar muy pronto con el desarrollo acelerado de las tecnologías. RFI: Otra bandera de su gobierno, la justicia ambiental. ¿Cómo garantizar justicia ambiental frente a megaproyectos extractivistas que violan los derechos fundamentales, humanos y étnicos de las comunidades, además de generar daño al medio ambiente? La contabilidad que ha primado en nuestro país es la contabilidad que viene vía las regalías. Es decir, cuánto contribuye un sector a el Producto Interno Bruto sin hacer cuentas completas. Y esas cuentas completas pasan necesariamente por revisar cómo se distribuyen de manera desigual los daños que genera este tipo de explotación minera y de hidrocarburos. Y en esa contabilidad, lo que nosotros hemos encontrado es que hay una historia de violaciones de muchos tipos, violaciones de derechos humanos en donde hay empresas mineras que, se ha demostrado, han tenido una participación en violación de derechos étnicos, por ejemplo, a través del despojo de tierras que generan algunas de las mineras. Una cosa menos discutida, pero no por ello menos relevante, es que se han violado los derechos ambientales intrínsecamente ligados a la salud ambiental de las poblaciones y los ecosistemas. Frente a eso, hay una legislación incipiente y dispersa. Hay mucha y muy buena jurisprudencia, pero que ha sido muy pobremente acatada por parte de las instituciones del Estado. En este nuevo gobierno, pasados ocho meses, tenemos el enorme desafío de encontrar cómo darle sentido a esa jurisprudencia y de hacer al Estado y al Gobierno responsables de las medidas para reparar esos daños y para prevenir de manera que no sigan pasando. Una decisión central en ese sentido tiene que ver con una nueva legislación minera. 'La primera tarea que nos hemos trazado es hacer una depuración de títulos mineros' RFI: Muchos de estos títulos mineros están en territorio de comunidades étnicas que reclaman la restitución de sus tierras que les fueron arrebatadas a punta de masacre y desplazamiento. ¿Cuál es la postura de su gobierno frente a los procesos de restitución de tierras a víctimas de conflicto armado justo en territorios que se traslapan con los proyectos de la gran minería? La política que hubo en algún momento, conocida como la “locomotora minera”, generó una ampliación exagerada y descontrolada de las solicitudes de titulación minera y de la adjudicación de títulos mineros sin considerar si los títulos estaban o no sobrepuestos en áreas protegidas, en territorios indígenas o de comunidades afrodescendientes, en fin, si estaban en zonas excluirlas de la minería. La primera tarea que nos hemos trazado es hacer una depuración de títulos mineros y ver cuáles de esos títulos necesitan ser removidos, toda vez que se sobreponen con áreas ambientalmente estratégicas o con áreas que deben ser restituidas a comunidades afectadas por el conflicto. Llevamos el 50% de los títulos revisados, no sin dilemas y contradicciones, porque los titulares mineros, por supuesto, quieren que se les respete unos aparentes derechos adquiridos. Pero nuestro argumento es que si se hizo en el marco del conflicto a través de acciones violentas o sobre áreas que son excluibles de la minería, pues no hay derechos constituidos, toda vez que nunca debió pasar la titulación. RFI: Justo en áreas en donde se han aprobado con celeridad títulos mineros, tuvo lugar hace unas semanas el paro minero. Me refiero al Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba. En ese paro, los mineros artesanales reclamaban la formalización de su actividad ancestral. Y ese paro dejó traslucir la zona de fronteras difusas entre aquellos mineros tradicionales, aquellos que mutaron a mayor escala productiva sin una motivación criminal y quienes, voluntariamente o por la fuerza, terminaron trabajando en organizaciones criminales que lavan sus dineros del narcotráfico con la minería del oro. ¿Cuál es el plan del gobierno en esta problemática tan compleja? Los bordes son muy borrosos entre una pequeña minería y una mediana minería. Cómo hacemos para diferenciar si el pequeño minero es un minero tradicional, legítimo del territorio, que intenta sobrevivir sacando oro para sostener a su familia, de otros que están más claramente encadenados con actores armados. Eso necesita un conocimiento profundo del territorio y ahí lo que nosotros hemos dicho es primero necesitamos una caracterización socio económica de esos mineros. El otro aspecto complicado en el caso específico de Bajo Cauca, y que es otra frontera gris, es si ambientalmente es plausible que ahí haya minería. Logramos cruzar una cartografía de la Agencia Nacional de Minería (ANM) de los lugares donde están las operaciones y la cartografía del Ministerio de Ambiente. La terrible sorpresa es que, básicamente, todas las zonas donde en este momento hay minería se sobrepone con áreas de conservación, cuencas estratégicas, fuentes de agua que surten acueductos. Entonces, el gran dilema que se presenta es cómo proteger una minería que puede ser artesanal, tradicional, pero que está operando en zonas que idealmente deberían ser de protección ambiental. Sin embargo, toda vez que llevan dos y tres décadas en una explotación intensiva de oro, dichas zonas ya están degradadas, Entonces, si ya están degradadas, cuáles de esas zonas podemos entrar a intervenir desde una perspectiva de diversificación productiva desescalonando la cantidad de oro y las tecnologías con las cuales se extrae e incentivando otro tipo de economías locales, sobre todo agrícolas, artesanías y un poco de ganadería. Para ello, estamos en este momento diseñando lo que llamamos el Distrito Minero para la diversificación productiva. Los principios del nuevo código de minas RFI: Usted cuenta para su gestión con dos instrumentos jurídicos de gran alcance el fallo del Consejo de Estado, considerado revolucionario, por el cual nunca más en Colombia se va a entregar un título minero en donde haya algún tipo de restricción ambiental y el nuevo Código de Minas que se está elaborando para reemplazar al de 2001, que fue tan criticado por considerarse el santuario legal del extractivismo. Hablemos de estas dos legislaciones Comencemos por el último fallo revolucionario. Se trata de una sentencia del Consejo Estado a la que popularmente conocemos como la “ventanilla minera” porque lo que nos dice es no pueden otorgarse nuevos títulos y deben revisarse los existentes de acuerdo a una delimitación ambiental que nos permita proteger ecosistemas estratégicos. Entonces, ahí, ¿cuáles son nuestros ecosistemas estratégicos? ¿Con qué criterios vamos a definir que así lo sean y en qué rapidez podemos hacerlo? Esta sentencia llegó comenzando el gobierno del presidente Gustavo Petro, así que ha sido realmente un aliciente sobre cómo podemos pensarnos la minería con un criterio ambiental. El segundo elemento es la nueva ley minera. Tenemos cinco principios. El primero tiene que ver con cómo protegemos y damos derechos a los pequeños mineros, los mineros artesanales y los mineros tradicionales. Este es el sector de la minería que ha sido estructuralmente excluido a través del Código de Minas de 2001. Por otro lado, necesitamos pensar que la minería incluye exploración, explotación y cierre de minas. Esto es muy importante porque se ha excluido de la regulación y al final eso nos deja con muy pocos instrumentos jurídicos para actuar. El tercer elemento es nuestro compromiso con el ordenamiento ambiental, es decir, primero el ambiente, primero el agua y ahí sí la mina. El 4º elemento es conocimiento geo científico. Que el conocimiento del subsuelo venga enfocado no solamente a conocer dónde y que minerales, sino también dónde y qué reservas de agua existen y cómo podría una explotación minera afectar también otros sectores. Porque cuando no se hace así, que es lo que pasa mucho en la minería artesanal, se va destruyendo la capa del suelo buscando la veta de oro, por ejemplo, sin realmente tener asertividad. El 5º y último énfasis es cómo pasar de los procesos meramente extractivista a una industrialización. RFI: ¿Para cuándo tendremos esa nueva normatividad? Para el segundo semestre 2023. Estamos comprometidos con hacer una consulta previa, libre e informada de la ley, porque creemos que es absolutamente fundamental ser garantes de los derechos étnicos y este es uno primordial. Con lo cual, entre terminar el articulado, la convención y la consulta a las comunidades étnicas, en el segundo semestre tendremos esta propuesta.
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