|
Description:
|
|
26 de mayo | Nueva York
Hola, maricoper. 1 año, 9 minutos y 29 segundos.
El podcast de La Wikly también está disponible en iTunes, Spotify y iVoox.
Añade el podcast a tu plataforma favorita haciendo click en el botón “Listen in podcast app” que aparece justo debajo del reproductor.
Tenemos NUEVA suscripción premium. A partir de ahora, La Wikly pasará a tener cinco entregas a la semana:
Lunes (gratuita): tres titulares rápidos del fin de semana.
Martes (premium): una minicolumna de actualidad y dos titulares rápidos.
Miércoles (premium): una minicolumna de actualidad y dos titulares rápidos.
Jueves (premium): una minicolumna de actualidad y dos titulares rápidos.
Viernes (gratuita): La Wikly que ya conoces y que estás leyendo ahora mismo.
Para celebrar el lanzamiento, ofrecemos la suscripción anual de La Wikly a un precio reducido de 35 euros para el primer año. La oferta solo estará disponible a lo largo de la próxima semana:
Leer esta newsletter te llevará 11 minutos y 18 segundos.
No va a volver, bro. Bienvenido a La Wikly.
Lo importante: El 25 de mayo de 2020, hace un año, George Floyd fue a comprar un paquete de cigarrillos. Horas después, era declarado muerto mientras un vídeo en el que se veía a un policía ahogándole con su rodilla se hacía viral en redes sociales.
En los días posteriores, millones de personas salieron a las calles de cientos de otras ciudades estadounidenses como Nueva York, Los Ángeles, Minneapolis o Norfolk, una ciudad de apenas 24.000 personas en Nebraska.
A gritos de ‘No puedo respirar’ y ‘Sin justicia, no hay paz’, el país demandaba un cambio ante la discriminación racial policial.
¿Pero qué ha cambiado?
A un año vista, hemos creído adecuado pegar un vistazo a los cambios que se han puesto en marcha o que siguen en la sala de espera conforme la administración de Biden deja el foco en las crisis pandémica y económica.
¿Qué medidas, pues?
En EE.UU., la mayoría de los departamentos policiales dependen de localidades y estados, con lo que las medidas que se pueden tomar a nivel federal suelen estar ligadas a incentivos presupuestarios y programas públicos.
Por ejemplo, una de las promesas incumplidas de Biden tiene que ver con una comisión de supervisión policial nacional que su administración aparcó en abril.
Según la Casa Blanca, querían centrar sus esfuerzos en las más ambiciosas iniciativas legislativas del Capitolio.
Una de ellas es la Ley de Justicia en la Policía de 2020 (Justice in Policing Act of 2020), que preveía medidas para combatir la mala conducta policial, el uso excesivo de la fuerza y los prejuicios raciales en la actividad policial.
También incluía una serie de disposiciones para mejorar la supervisión, la rendición de cuentas, la capacitación y la documentación e imponer restricciones a técnicas como el estrangulamiento y el uso de fuerza letal.
El proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes, pero fue bloqueado en el Senado, entonces controlado por los republicanos.
Otra es una versión apenas modificada de la anterior propuesta bajo el nombre de Ley George Floyd para la Justicia en la Policía de 2021 (George Floyd Justice in Policing Act of 2021). Se aprobó en la Cámara de Representantes el pasado marzo.
En un discurso de la sesión conjunta del Congreso en abril, Biden marcó la fecha del aniversario de la muerte de George Floyd como límite para que una nueva legislación de reforma policial llegara a su escritorio.
Pero senadores como el demócrata Cory Booker y el republicano Tim Scott siguen ultimando detalles para una versión bastante más moderada de la ley que pueda recibir 60 votos en el Senado.
El último proyecto que se ha presentado a nivel federal es el de la Ley para el Fin de la Inmunidad Calificada (Ending Qualified Immunity Act) que tiene como objetivo terminar con la inmunidad cualificada en los cuerpos de policía.
¿La qué? La inmunidad cualificada es una doctrina que protege a los agentes de policía y otros funcionarios gubernamentales de ser considerados personalmente responsables por acciones discrecionales realizadas dentro de sus funciones incluso si esas acciones violan los derechos civiles de los afectados. La excepción: que las acciones vulneren una ley federal "claramente establecida".
Ese precedente exige necesariamente el cumplimiento de dos requisitos: 1) que esas acciones violan la ley escrita; y 2) que exista un precedente judicial que establece que tales acciones son ilegales.
De momento, este proyecto no ha sido votado por el Congreso porque incluso algunos demócratas moderados están en contra de terminar con la inmunidad cualificada.
Por otro lado, Donald Trump firmó en junio de 2020 la Orden ejecutiva sobre vigilancia policial segura para comunidades seguras (Executive Order on Safe Policing for Safe Communities).
Esa orden ejecutiva estableció una serie de estándares que los departamentos policiales debían cumplir para recibir financiación federal. Para que un departamento fuera certificado debía cumplir dos requisitos:
Que las políticas de uso de fuerza del departamento prohibieran los estrangulamientos, excepto en situaciones en las que la ley permita el uso de fuerza letal;
Que las políticas de uso de la fuerza del departamento se adhirieran a todas las leyes federales, estatales y locales aplicables.
A nivel estatal y local también se han aprobado e implementado, con mayor éxito, distintas medidas dirigidas a regular el uso de la fuerza por parte de la policía y a aumentar los mecanismos de revisión y control de sus actuaciones.
A nivel estatal:
Massachusetts, New Mexico y otros dos estados han sacado adelante reformas para limitar la inmunidad de los agentes.
Kentucky, Maryland y otros tres estados han restringido las órdenes de registro sin aviso que permiten a los agentes entrar en una propiedad sin notificar a los residentes.
Virginia, Colorado y otros ocho estados han aprobado mandatos para obligar y/o financiar el uso policial de cámaras corporales.
California, Minnesota y otros 14 estados han restringido el uso de ciertas técnicas de estrangulamiento.
A nivel local:
Austin y Seattle han reducido los presupuestos de sus departamentos policiales locales.
Los Ángeles y Baltimore han redirigido dinero de la policía a otros programas públicos que atajen las raíces del crimen.
Reformas más ambiciosas como mejorar el entrenamiento de los agentes de policía están yendo más lentas con motivo del estancamiento político en D.C.
El pueblo opina
Las numerosas protestas por la muerte de George Floyd pusieron en el centro del escrutinio público el desempeño de los cuerpos policiales y cómo el racismo sistémico subyace en muchos casos de abuso policial.
Emilio explicó la correlación entre algunos de los datos estadísticos más complejos con respecto a la desigualdad racial del trato policial en este video.
Una encuesta reciente de Axios-Ipsos encontró que casi siete de cada diez afroamericanos dicen que el trato policial ha empeorado en el último año. Y aproximadamente el mismo porcentaje cree que los tiroteos policiales contra jóvenes de color han empeorado en ese tiempo.
El 42 por ciento de los encuestados hispanos y el 37 por ciento de los asiáticos coincidieron en que el tratamiento policial de los afroamericanos ha empeorado.
Lejos de ver el papel de la policía como el de proteger y servir, la mayoría de los afroamericanos dice que llamar al 911 a menudo hace más daño que bien.
Esa desconfianza está respaldada por la experiencia personal. Al ser detenidos por la policía:
El 14 por ciento de los encuestados negros y el 9 por ciento de los hispanos dijeron que un oficial sacó una pistola o arma de electrochoque de su funda.
Entre blancos, solo un 4 por ciento dicen lo mismo.
La mayoría de los estadounidenses todavía tiene una visión positiva de la policía y las fuerzas del orden, pero todavía no es una realidad entre los afroamericanos:
Solo cuatro de cada 10 afroamericanos encuestados dijo tener opiniones favorables sobre los cuerpos policiales, contrastando con el apoyo del 75 por ciento de los encuestados blancos.
¿Entonces?
A este problema estructural se suman los recientes repuntes de violencia condicionados por la ansiedad social producto de la pandemia y la escalada en las tensiones de índole partidaria. Ahí, las fuerzas del orden juegan un papel incuestionable:
En 2020, EE.UU. registró un récord en las solicitudes de antecedentes para adquirir armas de fuego.
Y en numerosos estados, sobre todo aquellos con mayoría republicana en sus legislaturas, se han estado impulsando proyectos de ley que buscan quitar restricciones a la libre portación de armas.
Este año, como contamos hace poco en esta entrega de La Wikly, la violencia social sigue en escalada y las cifras disparadas de crímenes violentos no hacen más que aumentar la necesidad de la presencia policial.
En ese contexto, se hace difícil justificar reformas policiales ambiciosas a nivel local, mientras que en Washington D.C. seguimos ante el mismo estancamiento político del que Emilio habló aquí.
¿Desea saber más? The New York Times publicó en abril un fantástico vistazo a las reformas policiales que se han llevado a cabo a nivel estatal. Y Axios cuenta con un repaso de las reformas locales en multitud de ciudades, aunque el artículo es de octubre del año pasado.
|
.png)
More
Religion & Spirituality
Education
Arts and Design
Health
Fashion & Beauty
Government & Organizations
Kids & family
Music
News & Politics
Science & Medicine
Society & Culture
Sports & Recreation
TV & Film
Technology
Philosophy
Storytelling
Horror and Paranomal
True Crime
Leisure
Travel
Fiction
Crypto
Marketing
History
Comedy
Arts
Games & Hobbies
Business
Motivation