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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la intención del Ejecutivo de perseguir los delitos de odio en internet. Entre las medidas, que se aprobarán la próxima semana en el Consejo de Ministros, se incluye la prohibición del acceso a las redes sociales a menores de 16 años y la creación de un sistema de "rastreo cuantificación y trazabilidad" para establecer una "Huella de Odio y Polarización". Sin embargo, esta iniciativa contrasta con otras acciones legislativas que el propio Gobierno respalda. El periodista Antonio Naranjo, en su sección 'Mr. Dato' del programa Herrera en COPE con Carlos Herrera, ha puesto de manifiesto la principal contradicción de esta nueva ofensiva gubernamental. Naranjo plantea la pregunta clave: "¿Quién decide qué es el odio?", y señala que "hay otros odios que a este gobierno le entusiasma excitar". Naranjo recuerda que el Congreso de los Diputados ya ha tomado en consideración una proposición de ley impulsada por Sumar, pero que cuenta con el respaldo explícito del PSOE, Esquerra, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Dicha propuesta legislativa busca, precisamente, despenalizar las injurias a la corona e incluso el enaltecimiento al terrorismo. Para el colaborador de 'Herrera en COPE', llama la atención que el Ejecutivo quiera "perseguir el odio, a veces impersonal o clandestino, de determinados indeseables en las redes sociales, mientras se legaliza o se quiere legalizar y promocionar un odio mucho más manifiesto, mucho más importante y mucho más institucional". Un odio, añade, que "sale del propio sistema democrático contra instituciones del estado". Naranjo también ha recordado el "posicionamiento absoluto" del Gobierno a favor de condenados por estos delitos, como en los casos de Pablo Hasél o Valtònyc. El anuncio de Pedro Sánchez se ha producido durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái. El presidente ha afirmado que es necesario hacer de las plataformas digitales un "espacio saludable" y ha dejado claro que se implantarán medidas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales", obligándolas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad. |
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